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Expresó que "hemos demostrado que es
posible gobernar sin recurrir a la imposición; que es posible
resolver diferencias dentro de los cauces constitucionales
y que el apego a la legalidad es el mejor aliado en el ejericio
del poder". "Nuestra divisa en materia de política interior
ha sido el diálogo a partir de la ley, nunca fuera de ella.
Dicho diálogo ha fortalecido el sistema de partidos, el
pacto federal, la vida institucional y, especialmente, la
paz social", manifestó.
Aseguró que en los dos años, los acuerdos
se han hecho de cara a la sociedad y son consistentes con
una ética política que demanda sostener en público lo que
se acuerde en privado. "Ningún acuerdo, anotó, cobija pactos
inconfesables ni consiente impunidad alguna. En su mensaje,
dijo que "se acabaron los tiempos en los que las decisiones
gravitaban fundamentalmente en la órbita del Ejecutivo".
Señaló que se ha terminado la primera
fase de la consolidación de la democracia. "Al mismo tiempo
que aseguremos la alternancia en un marco de paz social,
certidumbre y estabilidad económica, nos dimos a la tarea
de innovar, reorganizar y construir cimientos. Avanzamos
poniendo en marcha un gran número de acciones y dando resultados
en los más diversos programas gubernamentales", enfatizó.
Ante los legisladores federales, el presidente Fox Quesada
expresó que el abandono de las viejas formas de políticas
"ha sido visto por algunos como falta de autoridad. No lo
es. Estamos construyendo la gobernabilidad propia de la
democracia. En ella no hay lugar para la anarquía ni para
tentaciones autoritarias".
Dijo que "no comparto la visión de
quienes sugieren que el gobierno dé lecciones de fuerza.
El gobierno está obligado a dar siempre lecciones de legalidad.
La Cohesión social no puede descansar en la coacción". El
mandatario agregó que gobierno y sociedad "debemos de actuar
siempre de acuerdo al Estado de derecho, condenar la violencia
y evitar las posturas intransigentes que la pueden provocar.
Preferiremos corregir y pagar el costo político de rectificar,
que aducir una supuesta razón de Estado que derive en actos
de represión".
Agregó que "hemos fortalecido los valores
democráticos, la legalidad y la defensa de los derechos
humanos, y caminamos firmemente por la senda de la autoridad
acotada por la ley; de un poder que rinde cuentas claras;
de un liderazgo que convoca, que escucha, que incluye".
En su mensaje, el presidente Fox Quesada reconoció la labor
que han hecho los partidos políticos, las organizaciones
sociales y el Congreso para llevar a cabo una transición
estable y ordenada.
"El cambio, afirmó, sólo puede ser
irreversible si es resultado del perfeccionamiento democrático
de nuestras instituciones. Por ello, consolidar los rasgos
de una gobernabilidad democrática ha sido tarea central
durante esta administración". "Se acabaron los tiempos en
los que las decisiones gravitaban fundamentalmente en la
órbita del Ejecutivo", enfatizó.
Manifestó que ha respetado, en forma
escrupulosa, el papel esencial que la Constitución y la
nueva realidad democrática del país otorgan a los Poderes
de la Unión y a cada uno de los ordenes de gobierno. "Las
diferencias entre poderes y entre gobiernos se han resuelto
siempre en un marco de armonía constitucional", acotó. Finalmente,
ratificó que en los últimos dos años de su gobierno se han
sometido a consideración del Congreso 57 iniciativas, de
las cuales más del 65 por ciento han sido aprobadas con
las modificaciones que los legisladores han juzgado convenientes.
CREA GOBIERNO COMISION NACIONAL
DE FOMENTO A LA VIVIENDA
Vicente Fox Quesada indicó que el gobierno
federal creó en julio de 2001 la Comisión Nacional de Fomento
a la Vivienda (Conafovi), para hacer posible la transformación
del sector habitacional en México. Ello, explicó, es necesario
para que se logre otorgar al final del sexenio 750 mil créditos
anuales, además de abatir el rezago de poco más de cuatro
millones de viviendas.
Señaló que el objetivo de la Conafovi
es diseñar, coordinar, promover y aplicar políticas y programas
habitacionales De acuerdo con el cierre preliminar de 2001,
el conjunto de los organismos nacionales, estatales y municipales
de vivienda, la banca comercial y de desarrollo, y otras
entidades que otorgan créditos hipotecarios como prestación
a sus trabajadores, concedieron en total 380 mil 397 créditos
y subsidios. De ésos, 86 por ciento fueron para la adquisición
de vivienda y el 14 por ciento restante se destinó a mejoramiento
y otros tipos de créditos, lo cual implicó una inversión
de 63.3 mil millones de pesos.
Los créditos y subsidios otorgados
para adquisición de vivienda significaron la superación
en 3.6 por ciento de la meta de 314 mil 874, establecida
al inicio de 2001. En cuanto a los mejoramientos y otras
líneas de crédito, los resultados obtenidos fueron aún más
sobresalientes, pues se rebasó la meta original en casi
tres veces, al otorgarse más de 54 mil créditos. A junio
de 2002, los organismos financieros de vivienda habían otorgado
en su conjunto un total de 190 mil 624 créditos en diversas
modalidades, 84.4 por ciento a adquisición de casas-habitación
y l5.6 por ciento a mejoramiento y otros tipos de créditos,
lo cual supera en 23.1 por ciento los concedidos en el mismo
periodo de 2001 y representa 29.l por ciento del total programado
para este año.
En cuanto al ejercicio de los recursos,
este avance implica que se han canalizado poco más de 35
mil millones de pesos hasta julio, que significan un avance
de 37.8 por ciento del total autorizado. En materia de Desarrollo
Urbano, entre septiembre de 2001 y agosto de 2002 se logró,
mediante la promoción y asistencia técnica, que las autoridades
estatales y municipales formularan, actualizaran, concluyeran
técnicamente y cumplieran con la vigencia jurídica de 22
programas en sus distintos ámbitos de aplicación, igualando
la meta del periodo anterior.
En el periodo de septiembre de 2000
a agosto de 2001 se reportaron en proceso de formulación
técnica y vigencia jurídica tres programas estatales de
desarrollo urbano; el año pasado se terminaron los de Morelos
y Nuevo León, y en 2002 el de Quintana Roo. Los programas
subrregionales de desarrollo urbano Corredor Cancún-tulúm,
Quintana Roo, y Galeras-Navajas, Querétaro, que fueron reportados
en proceso en el periodo de septiembre de 2000 a agosto
de 2001, se concluyeron entre septiembre y diciembre de
2001, en tanto que de enero a agosto de 2002 se entregaron
los de San Pedro y San Andrés en Cholula, Puebla.
Entre otros programas, en 2001 se concluyeron
los planes municipales de desarrollo urbano de Felipe Carrido
Puerto, Quintana Roo, y Atlixco, Puebla, mientras que de
enero a mayo de 2002 se terminó el de Bahía de Banderas,
Nayarit.
PRIORIDAD NACIONAL EL COMBATE
AL CRIMEN ORGANIZADO: FOX QUESADA
El combate al crimen organizado es
una prioridad nacional, por lo que uno de los retos del
gobierno federal es proporcionar servicios de seguridad
pública y procuración de justicia de calidad a los mexicanos
y por ello las instancias encargadas de esas tareas se han
renovado. En el Anexo sobre Seguridad Nacional del Informe
de Gobierno, se explica que para combatir la corrupción
se puso en marcha el "Programa Nacional de Combate a la
Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo
Administrativo".
Con respecto a los delitos federales,
se asegura que éstos disminuyeron en 13.5 por ciento de
2000 a 2001 y en 5.8 por ciento con respecto al mismo periodo
anterior. En lo referente a la lucha contra el narcotráfico,
en el periodo de julio de 2001 a julio del 2002, las instancias
encargadas de combatir ese flagelo aseguraron dos mil 284.5
toneladas de mariguana y 34.7 toneladas de cocaína, unos
10.5 millones de unidades psicotrópicas, tres mil 675 vehículos,
mil 509 armas de diversos calibres y 24 laboratorios clandestinos.
Asimismo, se erradicaron 66 mil hectáreas
de cultivos de droga, lo que representó que los narcotraficantes
perdieran una ganancia cercana a los seis mil millones de
dólares ya que no pudieron comercializar el producto. Así,
asegura el informe, se han detenido a más de 14 mil 202
delincuentes vinculados con el narcotráfico, incluidos algunos
de los más altos jefes de los diversos cárteles de la droga,
logrando detener a Benjamín Arellano Félix.
Entre los logros más importantes destaca
la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI),
para lo que el 1 de noviembre de 2001 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el decreto por el que desaparece
la Policía Judicial Federal (PJF) y entra en funciones esta
nueva corporación. Las políticas, programas y estrategias
establecidas para ampliar la capacidad de respuesta gubernamental
y fomentar la confianza civil en las instituciones fueron
establecidas a fin de fortalecer la soberanía y la seguridad
nacional, tomando en consideración la globalización y los
nuevos fenómenos de vulnerabilidad.
Además, esas políticas permitirán cimentar
una gobernabilidad democrática apegada al Estado de Derecho,
fundada en la corresponsabilidad y el equilibrio de poderes,
construir acuerdos políticos para otorgar facultades tributarias,
funciones y recursos a los gobiernos estatales y municipales,
así como establecer políticas públicas eficientes para la
prevención y el combate integral de la delincuencia y combatir
la corrupción y la impunidad.
En el combate a la delincuencia se
consolidó el Pacto Federal, al brindar apoyo a los estados
en el rediseño de sistemas operativos para el combate a
la delincuencia y se establecieron Sistemas de Planeación
y Control Policial en el Distrito Federal, Tijuana y Mexicali,
en Baja California, León y Celaya, en Guanajuato, y en algunos
municipios del Estado de México, lo que se tradujo en la
disminución de la incidencia delictiva hasta en un 28 por
ciento. Por lo que respeta al tema de la corrupción, la
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam)
realizó el año pasado 202 actos de fiscalización que dieron
origen a 822 observaciones, turnándose 82 casos de presunta
responsabilidad por cuatro mil 503.4 millones de pesos y
244.1 millones de dólares a la Dirección General de responsabilidades
y situación patrimonial por 151.7 millones de pesos, de
los cuales sólo tres fueron improcedentes por 14.9 millones
de pesos.
De enero a junio del 2002 se realizaron
30 auditorías directas, a través de las cuales se generaron
272 observaciones,lo que provocó que se turnaran siete casos
de presunta responsabilidad por 252 millones de pesos. En
este caso, entre enero y agosto del 2002 se impusieron tres
mil 986 sanciones administrativas a dos mil 974 servidores
públicos; de éstas, 205 fueron apercibimientos, 932 amonestaciones,
826 suspensiones, 392 destituciones mil 21 inhabilitaciones
y 610 sanciones económicas por un monto de mil 792 millones
de pesos.
Asimismo en el mismo periodo se sancionó
con multa por actos irregulares en los procesos de adquisiciones
y obra pública a 62 sociedades mercantiles, 264.7 por ciento
más con relación al mismo periodo del año anterior.
POR ENCIMA DE LA CONFRONTACION
SE HA DADO PRIORIDAD AL DIALOGO
Por encima de la confrontación, el
gobierno del presidente Vicente Fox ha dado prioridad al
diálogo para generar acuerdos fundamentales entre los actores
políticos y sociales, con el objetivo de consolidar la gobernabilidad
democrática del país. Para ello, en los últimos 12 meses
ha trabajado en acciones concretas destinadas a salvaguardar
los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y
culturales de los mexicanos y mexicanas, así como impulsar
una Reforma del Estado que permita la consolidación de la
democracia.
En el anexo "Gobernabilidad Democrática"
del II año de gobierno de la presente administración federal,
se precisa que uno de los objetivos del Ejecutivo Federal
ha sido promover y garantizar el respeto de los derechos
humanos, fortalecer el sistema de partidos, e impulsar una
nueva relación con las instituciones religiosas. En este
contexto, señala que la Secretaría de Gobernación (SG) ha
llevado a cabo acciones que coadyuvan a consolidar el diálogo
y el consenso como prácticas habituales de la vida democrática
del país y con ese fin, ocho partidos nacionales con representación
en el Congreso firmaron el Acuerdo Político para el Desarrollo
Nacional, el pasado 7 de octubre.
La administración foxista ha impulsado
el respeto a los derechos humanos y el gobierno ha mantenido
un compromiso claro para que todos los servidores públicos
acaten y cumplan las recomendaciones emitidas por la CNDH.
El Ejecutivo promueve el ejercicio transparente de la función
pública, en donde no se solape ningún abuso de poder, y
actúa de manera decidida para arraigar una verdadera cultura
de respeto a las garantías de los ciudadanos, apoyando la
labor que realiza la CNDH, lo cual se ha traducido en un
número menor de recomendaciones por parte del ombudsman,
que en gobiernos anteriores.
Así, en los primeros dos años del actual
gobierno (2001-2002), se han recibido 27 recomendaciones
por parte de la CNDH, mientras que en los primeros dos años
del gobierno anterior (1995-1996) se recibieron 44 recomendaciones.
Especifica que la SG no recibió ninguna recomendación por
parte de la CNDH entre septiembre de 2001 y julio de 2002.
De las 90 quejas presentadas ante la CNDH por presuntas
violaciones cometidas por funcionarios de esta dependencia,
se han concluido 44 por las diversas vías procedimentales
que establece la ley de la Comisión, y 46 continúan en trámite.
Durante la presente administración,
se ha promovido el desarrollo político en un sentido pluralista,
como una condición necesaria para el progreso de la vida
cívica y plenamente democrática, por lo que la SG efectúo
encuentros con representantes de partidos políticos y legisladores
federales. En su informe de actividades durante el último
año, el Ejecutivo Federal precisa que se ha establecido
un nueva relación con las instituciones religiosas, preservando
el carácter laico del Estado mexicano.
El carácter laico del Estado es la
plataforma que permite la acción efectiva de los organismo
públicos para proteger y garantizar el ejercicio de la libertad
de creencias y de culto, sin privilegiar a algún credo o
institución religiosa. En el anexo, se establece que aún
existen retos y oportunidades, como el de seguir promoviendo
el diálogo civilizado, consolidar el Acuerdo Político para
el Desarrollo Nacional, darle plena viabilidad a la Ley
de Transparencia, y combatir la corrupción, entre otros.*
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